El titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, afirmó que la “peor herencia” que recibió su administración era el contrato de construcción de la autopista Ñu Guasu. La gente acreditó de inmediato en su aparente franqueza, y pensó que el mismo pasaría a la historia como el ministro que acabó con la fatídica simbiosis de corruptos y corruptores en la cartera a su cargo. Pero contradictoriamente, el ministro no solo hizo suya la “peor herencia” dejada en esa obra, sino además reconoció a los contratistas un sobrecosto de 20 por ciento (lo máximo legalmente permitido) sobre el monto original del contrato. Otras obras en ejecución también se beneficiaron con la aceptación del mismo sobrecosto. Es de esperar que el MOPC justifique ante la opinión pública por qué a estos señores se les conceden dichos aumentos y quién tiene la culpa de los atrasos. De no hacerlo, la ciudadanía tendrá motivos para sospechar que corruptos y corruptores continúan su luna de miel en la repartición ministerial a expensas de las escuálidas arcas del Estado, cada vez más apremiadas por cruciales necesidades de la gente.

Cuando el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, declaró que la “peor herencia” recibida por su administración era el contrato de construcción de la autopista Ñu Guasu, la gente acreditó espontáneamente en su aparentemente compungida franqueza. No era para menos, dado el vergonzoso historial de colusión de los burócratas concusionarios de esa secretaría de Estado con los inescrupulosos contratistas de obras públicas, en particular viales, que desde los tiempos de la dictadura han encontrado en ella a la gallina de los huevos de oro.

La credibilidad en la rectitud y honradez del nuevo ministro se vio reforzada por el hecho de que el mismo no provenía del contaminado sector político nacional, sino del ámbito empresarial privado, y que además había tenido la oportunidad de cursar estudios académicos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, donde se tiene en alto concepto la ética de responsabilidad profesional, tanto en la actividad privada, y más aún en la pública. Por si esto no fuera suficiente para confiar en la transparencia de su gestión, la gente tenía muy en cuenta que el Presidente de la República que lo escogió como uno de los integrantes de su “selección nacional” de ministros había prometido gobernar “con honestidad y patriotismo”, por lo que se diría que el economista Jiménez Gaona iba a pasar a la historia como el ministro que acabó con la fatídica simbiosis de corruptos y corruptores en la cartera de Estado tradicionalmente dotada del más alto presupuesto de inversión de la República.

Sin embargo, transcurridos dos años y medio de gobierno, el saldo neto del desempeño del ministro Jiménez Gaona no llenó las expectativas esperadas. Contradictoriamente, no solo ha hecho suya la “peor herencia” que afirma le dejaron sus antecesores en el cargo en la avenida Ñu Guasu, sino que la ha aceptado con una permisiva prórroga del plazo contractual de terminación por casi dos años más (debía terminar en marzo de 2014), además de reconocerle un sobrecosto de 20 por ciento (lo máximo legalmente permitido) sobre el monto original del contrato. Obviamente, las justificaciones han sido las habituales en la jerga de los timadores en contubernio: trabajos adicionales no previstos en el proyecto original, demoras en la liberación de la franja de dominio, modificaciones en el diseño geométrico de viaductos y túneles, etc., etc.

El llamativo blanqueo de la “peor herencia” no ha sido el único botón de muestra de la poca transparente administración del ministro Jiménez Gaona. Al asumir el cargo, visitó la zona de obra de la construcción de la ruta de Concepción a Vallemí, de 170 kilómetros de extensión (que hasta ahora no ha concluido) y a su regreso autorizó mediante sendas resoluciones ministeriales cambios en el paquete estructural en varios trechos de la misma, cuya construcción está a cargo de tres consorcios de empresas viales –un tramo cada uno– con un sobrecosto resultante del 20 por ciento sobre el monto contractual original. Con todo eso, el primer tramo de la misma (a cargo del consorcio Tagatiyá) hasta ahora no ha sido completado, en tanto que el tercer tramo, a cargo de la empresa Benito Roggio SA, llegó con el terraplén hasta la localidad de Vallemí, aunque no así con la carpeta asfáltica, supuestamente porque el sobrecosto del 20 por ciento adjudicado por el ministro Jiménez Gaona no ha sido suficiente para completarla hasta el final. Como esta obra ha sido financiada por el Focem del Mercosur, el ministro no habría considerado políticamente prudente adicionarle el monto reclamado por la contratista para concluir la carpeta asfáltica con fondos genuinos, y no previstos, del MOPC. Según ha trascendido, el acuerdo a que Benito Roggio SA habría llegado con la repartición estatal es que dicho monto se incluiría subrepticiamente en la futura licitación de la ruta de Vallemí a San Lázaro, mediante el artificio de licitar esta como siendo de mayor longitud que la real y con el importe de lo adicional resarcir a Roggio por el completamiento de la carpeta asfáltica hasta Vallemí.

Otros conocidos contratistas de obras viales también se han beneficiado con la regalía del sobrecosto del 20 por ciento, siempre el máximo autorizado por ley de la nación para un determinado contrato, y que aparentemente volvió a estar de moda en la administración del ministro Jiménez Gaona. Entre ellos cabe citar a los ingenieros Heisecke, Pettengil y Ardissone que, de un contrato de 112.000 millones de guaraníes inicial, pasaron a cobrar 135.000 millones; el ingeniero Vallejos y el arquitecto Mendoza, quienes de 85.000 millones de contrato original pasaron a cobrar 103.000 millones. ¡G. 40.000 millones más en los dos tramos de la avenida Ñu Guasu!

Así fue y es la historia del Paraguay. La mencionada avenida –la “peor herencia” del ministro Jiménez Gaona– se atrasó ex profeso para que los señores vialeros, los mismos de siempre, se puedan embuchar 20 por ciento más que la oferta original que hicieron. ¿Qué es lo que subió 20 por ciento? El ministro tiene la obligación de pedir informe de los detalles del aumento. Al menos en los casos en que él no lo autorizó motu proprio. Y en tal caso, explicar a la ciudadanía las razones que tuvo para el efecto. No debiera fiarse de lo que le dicen sus fiscalizadores, que podrían ser de igual catadura moral que aquellos que “verificaron” la obra de US$ 400 millones del crédito chino de Taiwán.

Es de esperar que el MOPC justifique ante la opinión pública por qué a estos señores sin más ni más se les da el 20 por ciento y quién tiene la culpa de los atrasos. De no hacerlo, la ciudadanía tendría motivos para sospechar que corruptos y corruptores continúan su luna de miel en la repartición ministerial a expensas de las escuálidas arcas del Estado, cada vez más apremiadas por cruciales necesidades de la gente.



Fuente: ABC