El Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley que busca reconocer a la criptominería como una actividad industrial y con incentivos en el consumo de energía eléctrica. Esta decisión se da pese a que desde la Cámara Paraguaya de Fintech habían expresado que sería importante su regulación debido a que impulsaría la inversión digital.

En horas de la tarde se dio a conocer el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que busca reconocer a la criptominería como una actividad industrial y con incentivos en el consumo de energía eléctrica. Mencionan que el principal motivo radica en la condición de la iniciativa de ley de que la producción de monedas virtuales sea reconocida como una actividad y que cuente con una tarifa eléctrica que no exceda en más del 15%.

Sobre ese punto, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) consideran que la actividad se caracteriza por su alto consumo de energía y escasa utilización de mano de obra, por lo que no ingresa en la categoría de industrias beneficiadas con esta tarifa.

Fernando Arriola, miembro de la Cámara Paraguaya de Fintech, había mencionado que no existen casas de cambios de activas digitales en nuestro país a causa de que ni siquiera se tienen normas fijas sobre cómo deben ser estas estructuras. Además, aseguró que incluso existe interés de inversores chilenos de invertir en nuestro país, ya que ven como un lugar óptimo para este tipo de trabajos de fintechs.

El documento del veto apunta que esta diferenciación ofrece, de forma indirecta, un incentivo industrial a esta actividad, que va en contra de la Ley 966/64, que establece los mecanismos para la determinación de tarifas diferenciadas.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en su dictamen sobre el proyecto, señaló que las condiciones propuestas en la ley constituyen una competencia directa y discriminatoria hacia las actividades manufactureras.

En tanto, el Ministerio de Hacienda dictaminó que la generación de criptomonedas no genera mano de obra como el sector industrial, por lo que no debería ser sujeto de incentivos fiscales. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado en el mes de julio; sin embargo, el veto del Ejecutivo será estudiado por ambas cámaras para su aprobación o rechazo.